A partir del 6 de abril de 2027, el pago del impuesto sobre las plusvalías en estas operaciones se aplazará hasta la disposición de los tokens. En particular, los criptoactivos tomados en préstamo se contabilizarán por su valor de mercado en el momento del préstamo. Al mismo tiempo, cualquier garantía dejará de reconocerse como un hecho imponible. Los cambios afectarán a personas físicas y a fideicomisarios, en total a unas 700.000 personas. Las normas vigentes generan obligaciones fiscales al vender, intercambiar o gastar criptomonedas. Las novedades están destinadas a subsanar lagunas regulatorias y a reducir la carga fiscal excesiva sobre los usuarios.